La publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Resolución de 7 de julio de 2026 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, establece la planificación general de las actividades preventivas que las mutuas colaboradoras desarrollarán durante el año 2027. La norma delimita de forma tajante el alcance de sus actuaciones incidiendo en el principio de responsabilidad empresarial en la materia.
El alcance del asesoramiento técnico y la responsabilidad exclusiva del empresario
Aunque las mutuas colaboradoras destinarán recursos a tareas de divulgación, investigación y asesoramiento técnico —con especial atención a las PYMES de menos de 50 trabajadores—, la norma introduce una precisión de calado jurídico. En su apartado Segundo, se dispone expresamente que las actividades preventivas a realizar por las mutuas no podrán suponer en ningún caso la sustitución de las empresas en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).
Conclusión clave: mientras que las mutuas prestan apoyo e información, la responsabilidad legal ante un accidente de trabajo o una enfermedad profesional sigue siendo 100% de la empresa.
Sectores prioritarios e índices de siniestralidad de referencia
La resolución fija criterios específicos a partir de las estadísticas oficiales de siniestralidad laboral correspondientes al año 2025, determinando los sectores que estarán bajo especial seguimiento:
- Sectores con mayor índice de siniestralidad (Anexo I):
Agrupa los sectores con un mayor número de accidentes graves y mortales en PYMES durante 2025, entre los que destacan:- La construcción y actividades especializadas (345 y 325 accidentes graves/mortales).
- El transporte terrestre y por tubería (204 casos).
- La agricultura, ganadería y servicios relacionados (150 casos).
- El comercio al por mayor y al por menor (119 casos).
- Servicios de comidas y bebidas (95 casos).
- Fabricación de productos metálicos (88 casos).
- Sectores que superan los límites por Enfermedad Profesional (Anexo II – CEPROSS):
Incluye las actividades que han activado el sistema de alerta del registro CEPROSS según el agente causal.- Por agentes físicos, figuran la industria cárnica, automoción, fundición, grandes superficies de comercio, hoteles y alojamientos similares, limpieza general de edificios, jardinería y actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad, entre otras.
- Por agentes químicos, biológicos y sustancias peligrosas, se recogen actividades de fabricación de productos y maquinaria, construcción, reparación y mantenimiento, entornos hospitalarios, sanitarios y establecimientos residenciales.
Los 13 ámbitos prioritarios de actuación preventiva y control
Las actuaciones preventivas e investigadoras previstas en la resolución se dirigirán de manera prioritaria a 13 áreas de actuación clave:
- Sectores y actividades con mayor riesgo.
- Trastornos musculoesqueléticos (causa destacada de incapacidad temporal prolongada).
- Sustancias peligrosas.
- Trabajadores vulnerables y colectivos específicos.
- Factores organizativos y riesgos psicosociales en el entorno laboral (estrés, burnout, acoso).
- Riesgos emergentes y nuevas tecnologías.
- Hábitos saludables en el entorno laboral.
- Pequeñas y medianas empresas.
- Seguridad vial laboral (accidentes in itinere y en misión).
- Generación de cultura preventiva.
- Difusión del enfoque Visión Cero daños en la salud relacionados con el trabajo.
- Riesgos por inhalación de fibras de amianto.
- Cáncer de origen profesional.
Consecuencias jurídicas y contingencias para la empresa
Desde la perspectiva del Compliance Laboral y la gestión defensiva de las Relaciones Laborales, la falta de rigor en la prevención desencadena contingencias de extrema gravedad que no resultan transferibles a las mutuas ni asegurables:
- Recargo de prestaciones de la Seguridad Social: Si la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) constata que el accidente o la enfermedad profesional deriva de la ausencia de medidas de seguridad, propondrá un recargo de entre el 30% y el 50% sobre todas las prestaciones económicas causadas por el trabajador. Este recargo es abonado de forma directa por la empresa y la ley prohíbe taxativamente su aseguramiento.
- Sanciones administrativas de la ITSS: Procedimientos sancionadores tramitados al amparo de la LISOS por faltas graves o muy graves en prevención de riesgos o deficiencias en la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) en supuestos de subcontratación.
- Responsabilidad civil indemnizatoria: Demandas por daños y perjuicios incoadas ante la jurisdicción Social o Civil.
- Responsabilidad penal: Infracciones tipificadas en los artículos 316 y 317 del Código Penal (delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de medidas de seguridad e higiene laboral), dirigidas directamente contra administradores, directivos y encargados en los supuestos de mayor gravedad:
- Artículo 316 CP (Delito doloso): Castiga con penas de prisión de 6 meses a 3 años a quienes, estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, poniendo en peligro grave su vida, salud o integridad física.
- Artículo 317 CP (Delito por imprudencia grave): Aplica las mismas conductas del artículo anterior cuando los hechos se cometan por imprudencia grave, castigándose con la pena inferior en grado (prisión de 3 a 6 meses o multa).
Prevenir para no litigar: La urgencia de un Compliance Laboral riguroso
El Plan de Actividades Preventivas 2027, dibuja una hoja de ruta clara para la Inspección de Trabajo. Cuando la Seguridad Social desmarca el asesoramiento de las mutuas de la responsabilidad legal, el margen de error para la empresa pasa a ser cero.
Frente a riesgos psicosociales emergentes como el tecnoestrés, la solución rara vez pasa por un mero protocolo de desconexión en papel; la Inspección analiza la causa de raíz: la sobrecarga de trabajo, los fallos en la planificación de tareas y la falta de un dimensionamiento adecuado de la plantilla. Cuando el origen es una deficiencia organizativa, la exposición a sanciones por infracción de la normativa preventiva es máxima.
Como despacho especializado, acompañamos a la dirección de la empresa en la protección jurídica de su gestión organizativa, la revisión de los aspectos legales de la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) y la defensa técnica especializada en expedientes de recargo de prestaciones o sanciones de la ITSS.
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