Cuidado con las represalias tras una negativa verbal: decir «no» a una exigencia de la empresa ya activa la máxima protección legal.
Analizamos la trascendental resolución de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictada el 23 de junio de 2026 (STS 562/2026, Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina 2521/2025), la cual fija una doctrina protectora de enorme calado al determinar que la simple disconformidad o negativa verbal del trabajador a aceptar una imposición empresarial en una conversación privada constituye un indicio suficiente para activar la inversión de la carga de la prueba y declarar la nulidad del despido por vulneración de la garantía de indemnidad.
Resumen de los hechos y trayectoria judicial
El detonante del litigio se remonta al 11 de julio de 2019, cuando una trabajadora (peluquera canina) mantuvo una conversación con el empresario. A pesar de que su contrato de trabajo fijaba de forma explícita una jornada laboral de lunes a viernes, el empleador intentó convencerla durante dicho encuentro para realizar horas de trabajo algunos sábados al mes. La trabajadora mostró su resistencia y disconformidad verbal ante esta pretensión, aludió a un documento «no conforme» y grabó la conversación, en la que el empresario le indicó que «se informe y asesore».
Apenas seis días después, el 17 de julio de 2019, la empresa le notificó un despido disciplinario, reconociendo directamente su improcedencia y poniendo a su disposición la indemnización legal. El recorrido judicial posterior reflejó disparidad de criterios:
- El Juzgado de lo Social n.º 5 de Sevilla estimó el despido únicamente como improcedente, al considerar que de la conversación no derivaba una coacción ni un acto formal previo a la vía judicial.
- El TSJ de Andalucía (Sevilla) revocó la sentencia inicial y declaró la nulidad del despido, condenando a la empresa a la readmisión inmediata, al pago de los salarios de tramitación y a una indemnización por daños y perjuicios de 6.251 euros.
Doctrina sentada por el Tribunal Supremo en la STS 562/2026
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación unificadora interpuesto por la empresa, confirmando íntegramente la resolución del TSJ de Andalucía sobre la base de tres pilares fundamentales:
1. Expansión y alcance de la Garantía de Indemnidad (art. 24 CE)
La garantía de indemnidad, derivada del derecho a la tutela judicial efectiva contenido en el artículo 24 de la Constitución Española, no opera únicamente cuando el trabajador ha presentado una demanda judicial o una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo. Esta protección abarca también los actos previos, preparatorios o de mera disconformidad interna. La fundamentación del alto tribunal se apoya en el artículo 17.1 del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 4.2.g) del ET y, de forma decisiva, en la Ley Orgánica 5/2024 (Derecho de Defensa), cuya Disposición Adicional Tercera blinda las actuaciones efectuadas ante la propia empresa destinadas a la defensa de los derechos laborales.
2. La disconformidad previa como indicio suficiente
Consolidando la doctrina asentada en las sentencias previas STS 917/2022 (15 de noviembre) y STS 1359/2024 (20 de diciembre), se establece que si un trabajador expresa disconformidad ante una exigencia empresarial y es despedido a los pocos días, el nexo temporal (seis días en este caso) y la resistencia verbal operan como un indicio fundado de represalia. El propio intento del empresario por «convencerla» constituye un síntoma inequívoco de que la empleada no estaba conforme.
3. Inversión de la carga de la prueba
De acuerdo con los artículos 96 y 181.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), una vez aportado el panorama indiciario por la parte trabajadora, recae sobre la empresa la carga de probar que la extinción obedeció a causas reales, serias y ajenas a la vulneración constitucional. El mero reconocimiento de la improcedencia en la carta de despido, sin probar una causa disciplinaria real, confirma que la decisión buscaba neutralizar la defensa de la trabajadora antes de que acudiera a los tribunales.
Impacto en la estrategia legal y litigios laborales
Esta sentencia constituye una clave de bóveda para la defensa de las plantillas, e impide que las organizaciones utilicen el «despido exprés» con reconocimiento de improcedencia como vía de escape tras intentar imponer modificaciones unilaterales. Cualquier despido acaecido tras un choque u objeción sobre las condiciones salariales o de jornada queda protegido bajo el paraguas de la nulidad del despido con la correspondiente indemnización adicional por daños y perjuicios.
En el ámbito del litigio laboral, la prueba del indicio y el manejo del nexo temporal son determinantes. En Lex Agreement, como especialistas en Derecho del Trabajo y Estrategia Legal, analizamos cada detalle de la relación laboral para articular una defensa procesal sólida, garantizando la tutela de los derechos fundamentales tanto en la vía prejudicial como ante los Tribunales de lo Social.