Denunciar el contrato de arrendamiento de servicios con un transportista «autónomo» de mercancías por carretera mediante una comunicación puede convertirse en un terreno pantanoso si no se analizan minuciosamente las condiciones en la prestación del servicio.
La reciente Sentencia 714/2026, de 15 de septiembre (STS 3877/2026), dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, ha encendido las alarmas en el sector industrial y logístico al desmontar la apariencia mercantil de aquellas empresas que recurren a conductores con vehículo propio. Si el repartidor utiliza una furgoneta de menos de 3,5 toneladas de Masa Máxima Autorizada (MMA) y trabaja bajo la disciplina organizativa del cliente, la ruptura del contrato no es una mera cancelación de servicios: es un despido en toda regla.
El caso analizado por el Alto Tribunal aborda la demanda interpuesta por un profesional que venía prestando servicios como transportista con vehículo propio desde el año 1984 para una importante compañía del sector químico-industrial dedicada a la fabricación de explosivos. Pese a estar dado de alta en el RETA, facturar mensualmente y aportar su propia furgoneta (de 3.200 kg de MMA), la empresa decidió «rescindir» el contrato mercantil a todos los efectos argumentando un descenso en la actividad productiva. El trabajador reaccionó demandando a la empresa por despido, exigiendo el reconocimiento de la laboralidad y la nulidad o improcedencia de su cese.
Frente al intento de la empresa de eludir la Jurisdicción Social amparándose en la exclusión del artículo 1.3.g del Estatuto de los Trabajadores, el Tribunal Supremo confirma la naturaleza plenamente laboral del vínculo basándose en tres ejes jurídicos determinantes:
- Predominio del transporte interior privado: El hecho de que el 95% de los trayectos se desarrollen dentro del amplio recinto industrial de la fábrica (trasladando material entre dependencias) excluye la exigencia de autorización administrativa de transporte (tarjeta de transporte). Las salidas ocasionales a la vía pública tienen un carácter puramente residual que no altera la naturaleza principal del servicio.
- Exclusión de la laboralidad limitada al «Servicio Público»: La excepción contemplada en el artículo 1.3.g del Estatuto de los Trabajadores aplica de forma estricta a vehículos comerciales dedicados al servicio público de transporte. Cuando la empresa contratante es una industria dedicada a la fabricación de explosivos y el transporte es un mero complemento de su actividad principal, la Ley Orgánica de Transportes Terrestres (LOTT) lo califica como «transporte privado complementario» (art. 102 LOTT), quedando fuera de dicha exclusión.
- El umbral de las 3,5 toneladas de MMA: En el transporte privado complementario, aportar una furgoneta de MMA inferior o igual a 3.500 kg no convierte al conductor en un empresario autónomo. El vehículo se considera un medio de trabajo accesorio (de la misma forma que el coche de un comercial o técnico), prevaleciendo la actividad personal del trabajador. Al concurrir sumisión a turnos, horarios, asignación de vacaciones por la empresa y pago por hora trabajada, la ajenidad y la dependencia son indiscutibles.
La doctrina fijada por el Supremo deja claro que la aportación de una furgoneta ligera en recintos industriales no basta para enmascarar un contrato de trabajo. La consecuencia procesal es directa: la Jurisdicción Social es la competente para juzgar la decisión extintiva empresarial y calificar la finalización del contrato como despido.
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