LEX AGREEMENT

Cuando se produce una catástrofe ferroviaria, la mayor condena para las familias y los lesionados no es solo el daño físico o moral sufrido, sino los años de bloqueo procesal hasta que las comisiones técnicas y los juzgados resuelven la pugna de responsabilidades civiles entre aseguradoras, ADIF y la operadora. El Real Decreto-ley 32/2026, de 3 de noviembre, nace precisamente para quebrar esa inercia de dilación: el Estado articula un cortafuegos que adelanta fondos públicos a cuenta, protege fiscalmente el resarcimiento y manda tramitar de oficio las bajas y pensiones como accidente de trabajo con bases reforzadas y sin exigencia de carencia previa.

A continuación, analizamos la estructura técnica del RDL aprobado: su objeto concreto, los sujetos legitimados, los criterios de cuantificación e importes, la tramitación administrativa ante Transportes y sus oficinas territoriales, el régimen sustantivo de los anticipos con cargo al Estado, el juego de compatibilidades con el Seguro Obligatorio de Viajeros y el régimen preferente en la Seguridad Social.

1. Objeto y ámbito material de la norma

El Real Decreto-ley 32/2026 tiene por objeto fijar y regular con carácter de urgencia el régimen sustantivo de ayudas económicas directas, medidas de apoyo psicosocial e intervenciones de auxilio público destinadas a:

• Reparar los daños personales (fallecimiento, gran invalidez, incapacidad permanente en sus distintos grados y lesiones temporales o incapacidad temporal) ocasionados a los ocupantes del convoy ferroviario accidentado.
• Subvenir a los gastos derivados de sepelio, traslados, estancias y necesidades inmediatas de los familiares directos de las víctimas durante las labores de rescate, identificación y hospitalización.
• Proveer mecanismos de liquidez de tracto inmediato a través de anticipos a cuenta de las indemnizaciones que en su día puedan corresponder a los perjudicados.

2. Beneficiarios y legitimación activa

La condición de beneficiario de las ayudas directas y medidas asistenciales se reconoce con arreglo a la siguiente prelación jurídica:

• Víctimas directas: Las personas que se encontraban a bordo del tren y que hayan sufrido daños corporales, físicos o psíquicos, debidamente acreditados mediante parte médico hospitalario o pericial.
• En caso de fallecimiento:
  • El cónyuge no separado legalmente o la persona unida a la víctima por análoga relación de afectividad en los términos de la legislación civil y de parejas de hecho.
  • Los descendientes (hijos) y, en su defecto, los ascendientes (progenitores) de la persona fallecida.
  • Otros derechohabientes o personas que convivieran de forma continuada y dependieran económicamente del fallecido al tiempo del siniestro.
• Personas que hubieran sufragado gastos inaplazables: Aquellos familiares o terceros que acrediten fehacientemente haber asumido los costes de traslado, repatriación de cuerpos, sepelio o alojamiento inmediato durante la fase crítica de la emergencia.

3. Tipología de daños y conceptos cubiertos por las ayudas directas

El Real Decreto-ley 32/2026 articula las ayudas directas distinguiendo entre indemnizaciones por daños personales y el reintegro de gastos asistenciales justificados:

• Fallecimiento: Importe fijo extraordinario a favor de los derechohabientes por cada persona fallecida.
• Incapacidad y lesiones: Cuantías tasadas según la calificación médica de los daños corporales sufridos (gran invalidez,incapacidad permanente y lesiones no invalidantes).
• Gastos de sepelio y traslados: Reembolso de los costes de enterramiento, incineración o repatriación de los fallecidos a favor de quien acredite haberlos sufragado.
• Desplazamiento y estancia de familiares: Cobertura justificada de los gastos de manutención, transporte y alojamiento en que hubieran incurrido los allegados durante las labores de asistencia, localización e ingreso hospitalario.
• Asistencia psicológica y médica inmediata: Financiación de la atención facultativa de urgencia complementaria que precisen las víctimas y sus núcleos familiares.

4. Gestión administrativa, procedimiento de solicitud y oficinas de atención integral

La tramitación administrativa se estructura bajo los principios de celeridad, simplificación, eficacia y proporcionalidad:

• Órgano competente y plazos (art. 4): La tramitación y concesión corresponde a la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible (mediante resolución que fijará el procedimiento). Las solicitudes se presentarán en el plazo de tres meses a contar desde la publicación de dicha resolución en el BOE (prorrogable por causas justificadas), con un trámite de subsanación de diez días hábiles ante defectos u omisiones.
• Tramitación telemática preferente: Los expedientes se sustancian por medios electrónicos a través de la sede del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, mediante formularios normalizados con identificación electrónica (Cl@ve o certificado digital) y habilitación de apoderamientos para representantes.
• Red territorial de Oficinas de Atención Integral (DA 2ª): Se crean oficinas específicas en Delegaciones, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares donde residan afectados para facilitar la tramitación presencial y la asistencia directa.
• Habilitación legal para la cesión de datos (DA 2ª.2): La norma opera como título legal expreso (art. 8 LOPDGDD 3/2018) para que las Administraciones Públicas que dispongan de información sobre las víctimas comuniquen a Delegaciones y Subdelegaciones los datos estrictamente necesarios para su identificación, residencia y localización.
• Resolución y régimen de recursos: El plazo de resolución se reduce al mínimo procedimental para garantizar la eficacia del pago. Las resoluciones dictadas agotan la vía administrativa y resultan recurribles potestativamente en reposición o directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

5. Ayudas en concepto de anticipo de indemnizaciones por responsabilidad civil 

Las personas beneficiarias de las ayudas de este real decreto-ley podrán solicitar, en el marco del procedimiento regulado en el artículo 5, una ayuda adicional en concepto de anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil derivadas del accidente (Disposición Adicional Primera):

• Cuantía y regla de ajuste (DA 1ª.2 y 1ª.4): El anticipo equivale al valor de la ayuda directa del artículo 3. En caso de que la eventual indemnización que se establezca fuera inferior a la ayuda otorgada en concepto de anticipo, las personas beneficiarias no tendrán que devolver la diferencia; si fuera superior, percibirán el importe que exceda respecto a la ayuda otorgada.

6. Régimen de compatibilidades

La articulación económica del RDL 32/2026 no opera en vacío, sino en concurrencia con los seguros obligatorios y las eventuales responsabilidades patrimoniales de los agentes del sector:

• Compatibilidad de percepciones: Las ayudas directas reguladas en esta norma son plenamente compatibles con las prestaciones del sistema de Seguridad Social (pensiones de viudedad, orfandad, auxilio por defunción e incapacidad), con ayudas voluntarias o donaciones, y con los seguros individuales concertados por las víctimas.
• Complementariedad sectorial de transporte: Son compatibles con las indemnizaciones del Reglamento (UE) 2021/782, el Real Decreto 627/2014 y el Seguro Obligatorio de Viajeros (RD 1575/1989).

7. Tratamiento fiscal: exención en el IRPF

Para salvaguardar la integridad patrimonial del resarcimiento económico, el RDL 32/2026 contempla una neutralidad impositiva absoluta:

• Exención tributaria: Las ayudas económicas directas y los anticipos concedidos al amparo de esta norma extraordinaria quedan expresamente exentos de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
• Sucesiones y donaciones: Los importes que perciban los derechohabientes por causa de fallecimiento de la víctima no computarán a efectos de incremento en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), manteniéndose asimismo la exención de tasas administrativas para la obtención de certificados.

8. Marco especial en materia de Seguridad Social: presunción de contingencia profesional y prestaciones de muerte y supervivencia

El tratamiento de las prestaciones de la acción protectora de la Seguridad Social se adapta a la singularidad del siniestro con un sistema reforzado para los trabajadores afectados y sus familias:

• Presunción de contingencia profesional: Para aquellas personas que viajaban en el convoy por motivos laborales (personal ferroviario de conducción y servicios a bordo, trabajadores en misión o personas en trayecto in itinere entre su residencia y su centro de trabajo), las incapacidades y fallecimientos se calificarán de forma imperativa como derivadas de accidente de trabajo (art. 156 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social).
• Exención de periodos de carencia: Al operar la contingencia profesional, ninguna de las prestaciones contributivas causadas exigirá periodos previos de cotización a la Seguridad Social (artículo 172 LGSS).
• Base reguladora real y reforzada: El cálculo de las pensiones y subsidios no se efectúa sobre bases mínimas o históricas, sino sobre los salarios reales devengados computables para accidentes laborales en el año anterior, computando salario base, complementos salariales, pluses de peligrosidad y el prorrateo de horas extraordinarias.
• Despliegue integral de prestaciones de muerte y supervivencia:
  • Pensión de viudedad: Reconocimiento con carácter vitalicio o temporal conforme a los arts. 219 y ss. LGSS, calculada sobre la base reguladora reforzada de accidente de trabajo.
  • Pensión de orfandad: Cobertura inmediata para los hijos de las víctimas con arreglo a los arts. 224 y ss. LGSS, con posibilidad de incremento en supuestos de orfandad absoluta.
  • Pensión y subsidio en favor de familiares: Aplicación preferente para aquellos parientes (ascendientes o hermanos) que convivieran y dependieran económicamente de la persona fallecida (arts. 226 y ss. LGSS).
  • Indemnización especial a tanto alzado por contingencia profesional (art. 227 LGSS): En los supuestos de muerte derivada de accidente de trabajo, el cónyuge o pareja de hecho supérstite tiene derecho a una indemnización a tanto alzado equivalente a seis mensualidades de la base reguladora de la pensión de viudedad, y cada hijo huérfano a una mensualidad de la base de su pensión de orfandad (incrementable en caso de inexistencia de cónyuge superviviente).
  • Auxilio por defunción: Abono inmediato a quien acredite haber sufragado los gastos del sepelio (art. 218 LGSS).
• Celeridad en el reconocimiento y gestión por mutuas: Habilitación de un cauce preferente ante las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social para el alta, emisión de partes de baja por contingencia profesional y pago directo de los subsidios y pensiones.

En LEX AGREEMENT asesoramos a empresas y trabajadores en la determinación de contingencias profesionales, la tramitación de bajas médicas y pensiones derivadas de accidente de trabajo ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.