El acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) requiere, según el artículo 21 de la Ley 19/2021, una acreditación fehaciente de los requisitos de unidad de convivencia y vulnerabilidad económica. Sin embargo, existen circunstancias excepcionales donde la documentación administrativa estándar resulta insuficiente para que el INSS verifique de oficio la situación real del solicitante.
Para estos supuestos, la normativa ha evolucionado hacia un sistema de certificación técnica mediante modelos normalizados que permiten completar la instrucción del expediente.
El Rol de los Servicios Sociales y la participación de entidades del Tercer Sector
La Resolución de 2 de marzo de 2026 del Instituto Nacional de la Seguridad Social ha establecido nuevos modelos normalizados de certificación que deben emitir los servicios sociales municipales para acreditar fehacientemente aquellas situaciones que el INSS no puede validar por sí mismo, constituyendo un trámite de procedimiento esencial que dota al expediente de una presunción de validez en cuanto a la acreditación de requisitos subjetivos y de composición de la unidad de convivencia.
Asimismo, la Resolución de 20 de abril de 2026 habilita a las Entidades del Tercer Sector para intervenir en el proceso mediante su propio modelo normalizado, facilitando una vía de acreditación ágil y reconocida legalmente para colectivos de especial vulnerabilidad. Estas entidades, debidamente reconocidas, podrán utilizar el nuevo modelo normalizado para certificar el cumplimiento de los requisitos del IMV, dotando de mayor agilidad al proceso de solicitud y resolutoria. La habilitación de estas entidades extiende el abanico de validación externa, facilitando el acceso a la prestación a colectivos que, por su especial complejidad, requerían un respaldo probatorio adicional.
Circunstancias acreditables mediante certificación oficial
El uso de estos modelos normalizados de 2026 permite dar validez a situaciones clave tanto para la solicitud como para el mantenimiento de la prestación. El artículo 21 de la Ley 19/2021 establece estos supuestos como los escenarios específicos donde la acreditación ordinaria (basada en registros administrativos como el padrón o el Registro Civil) resulta insuficiente o no refleja la realidad del solicitante:
- Existencia de la unidad de convivencia (Sin parentesco): Validación de convivencias estables sin parentesco directo. La ley exige acreditar la convivencia de personas sin vínculos familiares en situaciones de necesidad, algo que el padrón por sí solo no justifica como «unidad económica».
- Situaciones de sinhogarismo: Acreditación del domicilio en ausencia de un techo fijo o en infraviviendas, se contempla explícitamente cuando no coincide con el padrón o este es inexistente, permitiendo que los servicios sociales validen la residencia.
- Riesgo de exclusión social: Certificación de vulnerabilidad extrema no reflejada en ingresos históricos. Supuesto «paraguas» que permite a los servicios sociales y al Tercer Sector certificar situaciones de vulnerabilidad que la AEAT no detecta en tiempo real.
- Domicilios compartidos: Verificación de independencia económica y residencial dentro de un mismo inmueble compartido. La normativa permite acreditar que, dentro de un mismo domicilio, existen unidades de convivencia independientes, evitando que se deniegue la prestación por superar el límite de rentas del conjunto de la vivienda.
- Víctimas de violencia o explotación: Acreditación de la ruptura del núcleo familiar por motivos de protección. Se exime del requisito de convivencia previa o de plazos de residencia en supuestos de salida forzada del domicilio familiar, requiriendo acreditación de la nueva situación.
- Emancipación y residencia: Prueba de periodos de vida independiente en jóvenes menores de 30 años cuando los registros habituales presentan lagunas o precariedad.
Ventajas de la certificación normalizada
La adopción de estos modelos normalizados de certificación por parte de los servicios sociales y las entidades del tercer sector tiene como principal objetivo agilizar la resolución de los expedientes de IMV y minimizar las denegaciones por falta de prueba o acreditación insuficiente. Estas certificaciones suponen un elemento probatorio de gran peso para el INSS, reduciendo la carga documental para el solicitante y garantizando una valoración más ajustada a las realidades de vulnerabilidad y exclusión social. La presunción de veracidad que emana de estos documentos facilita la labor del INSS y asegura que quienes realmente necesitan el IMV puedan acceder a él de manera más eficiente.
La importancia del asesoramiento en el procedimiento
La aplicación de estos modelos en 2026 convierte la instrucción del IMV en un proceso técnico donde el rigor en la cumplimentación es determinante. Debido a que estas certificaciones son el soporte fundamental en casos excepcionales, contar con un asesoramiento experto durante la instrucción del procedimiento asegura que la solicitud se ajuste estrictamente a las exigencias de las nuevas resoluciones.
Un enfoque técnico correcto desde el inicio permite navegar la complejidad de estos trámites y garantiza que la situación de vulnerabilidad quede debidamente acreditada conforme a los estándares actuales de la Seguridad Social.