El margen de adaptación para 2027 ya ha comenzado: la eliminación del «laberinto burocrático» en la acreditación de la incapacidad permanente exige auditar desde hoy la cuota de reserva y los recursos de accesibilidad a la información y la comunicación en la empresa.
El Real Decreto 707/2026, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, introduce un ajuste normativo de interés para la gestión de las relaciones laborales. Aunque su entrada en vigor está fijada para el 2 de enero de 2027, la norma establece desde ya la hoja de ruta para la auditoría de plantillas y la adaptación de procesos y prácticas en los departamentos de RRHH.
La norma también destaca por resolver la histórica incertidumbre jurídica en torno a la acreditación del grado de discapacidad derivado de las situaciones de Incapacidad Permanente.
Evolución normativa en la acreditación del 33% y cuota de reserva
La Disposición Derogatoria Única del RD 707/2026 deroga formalmente el antiguo Real Decreto 1414/2006. En su lugar, la Disposición Adicional Cuarta clarifica el procedimiento de acreditación del grado de discapacidad (igual o superior al 33%) y la discapacidad intelectual, delimitando los organismos competentes para su declaración y calificación, de conformidad con el Real Decreto 888/2022 y el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad (TRLGDSSD, RDL 1/2013):
- Acreditación directa: Se reconoce de forma explícita que la resolución, el certificado o la tarjeta expedidos por el INSS, ISM, el IMSERSO, el órgano competente del MISSM o la entidad autonómica correspondiente que declare la Incapacidad Permanente (Total, Absoluta o Gran Invalidez) constituyen medios suficientes para validar el 33% de discapacidad.
- Protección del grado frente a revisiones ordinarias: La norma consolida que la tramitación del procedimiento de valoración ordinario de discapacidad (RD 888/2022) no menoscaba la equiparación legal conferida por la condición de pensionista, aun cuando el dictamen autonómico le atribuya un grado inferior.
- Cómputo en la cuota de reserva de puestos de trabajo (art. 42 del TRLGDSSD): La norma aporta plena seguridad jurídica a las empresas de 50 o más trabajadores al confirmar que la resolución o tarjeta de Incapacidad Permanente es título suficiente para computar al empleado en la reserva legal del 2% y aplicar las bonificaciones correspondientes.
Adaptación de procesos internos y accesibilidad cognitiva
Más allá de la acreditación documental, el Reglamento concreta los deberes de ajustes razonables organizativos y medidas de acción positiva que las organizaciones deben integrar en la gestión de sus plantillas:
- Soportes y comunicación interna (Lectura Fácil): Adecuación de la documentación laboral clave (políticas internas, canales éticos, protocolos de prevención de riesgos y contratos) mediante formatos de lectura fácil y comunicación aumentativa/alternativa para garantizar la comprensión lectora e interactiva de los trabajadores con dificultades cognitivas.
- Entorno físico y orientación espacial: Implantación de sistemas de señalización intuitiva, diseño ergonómico de itinerarios y pictogramas estandarizados que faciliten la navegación, localización e identificación autónoma dentro de las instalaciones del centro de trabajo.
- Recursos tecnológicos e Inteligencia Artificial: Incorporación de soluciones de accesibilidad tecnológica y «herramientas asistivas» basadas en IA para apoyar la ejecución de tareas, la interacción con software corporativo y la formación interna.
- Garantía en procesos de selección y promoción: Adaptación de las evaluaciones del desempeño, pruebas de ascenso y formación continua para asegurar que los métodos de evaluación midan la competencia real y no supongan una barrera de comprensión.
Margen de adaptación: la vacatio legis
La entrada en vigor del Reglamento (2 de enero de 2027), otorga a las empresas el último cuatrimestre de 2026 para revisar sus expedientes laborales, auditar el cumplimiento real de la reserva de puestos y planificar la adaptación de sus entornos de trabajo y canales de comunicación antes de posibles requerimientos de la autoridad laboral.
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